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Liechtenstein también se niega a colaborar con la juez del ‘caso Pujol’

La investigación apunta ahora al hijo mayor, único gestor vivo de la fortuna

Jesús García Bueno
Jordi Pujol y Marta Ferrusola, el pasado martes antes de acudir a declarar como imputados.
Jordi Pujol y Marta Ferrusola, el pasado martes antes de acudir a declarar como imputados. JUAN BARBOSA

Las vías para comprobar si Jordi Pujol ha dicho la verdad al atribuir la fortuna oculta en Andorra a una herencia paterna se van cerrando. Tras los fiascos de Suiza y Andorra, ahora es Liechtenstein el país que rechaza colaborar con la juez española que indaga al expresidente de la Generalitat; a su mujer, Marta Ferrusola y a tres de sus hijos (Marta, Mireia y Pere) por fraude fiscal y blanqueo de capitales. El Estado centroeuropeo se niega a proporcionar información sobre posibles cuentas bancarias de los Pujol en aquel país porque considera que lo que se persigue es solamente una conducta (el fraude a Hacienda) que allí no está tipificada como delito.

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“No podemos admitir su solicitud” de colaboración, reza el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, porque existe solo una sospecha de evasión de impuestos y no indicios de que el origen de ese dinero sea ilícito, señala el juez Michael Jehle. La juez había pedido que realizara “las gestiones oportunas” para “determinar la existencia de cuentas bancarias o instrumentos financieros de cualquier tipo” a nombre de los imputados.

Andorra y Suiza ya informaron en su día en un sentido similar. La magistrada dio por imposible a Suiza —al entender que no podía satisfacer todas sus exigencias para que accediera a informar— pero envió una nueva comisión rogatoria a Andorra con la esperanza de que aporte datos sobre las cuentas. La petición está pendiente de respuesta.

En su declaración como imputado del pasado martes, Pujol negó reiteradamente haber poseido (ahora o en el pasado) cuentas en el extranjero. Y afirmó, además, que no es consciente de una investigación abierta contra él, en Liechtenstein, por blanqueo. El escrito también aclara este punto y señala que no se han hallado indicios contra Pujol. Las autoridades de aquel país habían recibido un documento de la Policía española en el que se señalaba al expresidente por sus presuntos vínculos con una empresa.

“¿Tiene algún papel que justifique la herencia?”, preguntó la juez
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Tras la comparecencia del expresidente, le toca mover ficha a la juez Beatriz Balfagón. Fuentes judiciales apuntan la posibilidad de que, en los próximos días, cite a declarar (como testigo o como imputado) al hijo mayor de Jordi Pujol, del mismo nombre. El motivo es que Júnior es la única persona viva que gestionó la supuesta herencia. El expresidente afirmó que, tras la muerte de su padre en 1980, un exdirectivo de Banca Catalana, Delfí Mateu, gesitonó el legado. Mateu hizo crecer el dinero —que estaba en dólares— gracias a sus inversiones y a la devaluación de la peseta.

Durante unos meses le sucedió en esa labor un excargo de la Generalitat y primo del expresidente, Joaquim Pujol Figa, hasta que, con la mayoría de edad del último de los hijos (Oleguer) fue Jordi Pujol Ferrusola quien asumió la gestión. “Concretamente se decidió que fuera mi hijo mayor”, explicó ante la juez. Júnior informó a sus hermanos, en una reunión familiar, que Florenci les había dejado unos fondos en el extranjero. El primogénito —que está imputado en la Audiencia Nacional por el presunto cobro de comisiones— ingresó en los primeros años distintas cantidades en las cuentas de sus hermanos que, según fuentes de la defensa, proceden de los rendimientos del capital y de las inversiones.

La juez dejó claro en el interrogatorio que su objetivo es saber si la versión de Pujol se ajusta a la verdad. “No tenemos ninguna información acerca de ese dinero para decir si nos creemos ese origen. ¿Existe algún modo de acreditarlo, alguien tiene algún documento justificativo?” Pujol respondió que no lo sabía.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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