Ruz trocea el ‘caso Gürtel’ para enjuiciar a 45 imputados de la primera fase de la red
Entre ellos están Bárcenas, Sanchís y Lapuerta, Jesús Sepúlveda, y Alberto López Viejo y Correa, Crespo y Álvaro Pérez
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido la investigación de 45 de los más de 100 imputados en el caso Gürtel, y abre una pieza separada para su eventual enjuiciamiento al apreciar indicios de 11 delitos para que sean juzgados. Esta nueva pieza refleja una serie de operaciones investigadas a la trama organizada en torno a Francisco Correa desde 1999 hasta 2005 y determinados hechos que se extienden a años posteriores.
Los supuestos delitos son prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida, asociación ilícita en el ámbito de la contratación, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública.
Entre los imputados a los que afecta este auto, además de Bárcenas y su esposa, y los otros dos extesoreros del PP Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, se encuentran exalcaldes del PP como Guillermo Ortega, Jesús Sepúlveda, Alberto López Viejo y Ricardo Galeote, y miembros de la trama, como su líder, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
De esas 45 personas, 21 se sentarían una sola vez en el banquillo, por los hechos de la pieza que ahora se desglosa. Las otras 24 personas siguen como imputadas en la causa principal o en las piezas separadas que se abrieron en momentos anteriores.
El juez separa para no ir a un macrojuicio inabarcable
En su auto el juez además ofrece acciones a los Ayuntamientos de Majadahonda, Pozuelo y Madrid por los posibles perjuicios sufridos y pone en conocimiento al PP para informarle de su derecho a personarse como partícipe a título lucrativo, en relación con los hechos vinculados a los exalcaldes Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, que con su actuación pudieron generar un ilícito beneficio para la formación política cifrado en 236.864 euros.
El juez explica que hasta ahora lo más procedente era mantener la instrucción en un único procedimiento. Pero después del recorrido que ha seguido la investigación durante estos años ante varios instructores, después de todos los informes periciales aportados, las 183 comisiones rogatorias a 21 Estados y habiéndose resuelto los incidentes de nulidad planteados por las defensas, es ahora, según Ruz, cuando corresponde desglosar la causa, para impulsar la investigación hacia el enjuiciamiento: "Resulta posible escindir determinados hechos cuya investigación se encuentra prácticamente concluida, posibilitando su pronto y eventual enjuiciamiento, sin que por ello exista riesgo de ruptura de la continencia de la causa" concluye el juez.
Se han efectuado en este tiempo 183 comisiones rogatorias a 21 Estados
Ruz se apoya en doctrina fijada por el Tribunal Supremo en materia de delitos económicos para "escindir determinados hechos en una pieza separada". Cita sentencias como la del llamado caso Banesto o la más reciente del caso Hacienda, para desglosar en piezas la investigación y evitar así "efectos perniciosos" como dilaciones indebidas o convertir la causa en un macrojuicio inabarcable.
Los hechos investigados que se dan por concluidos alcanzan los primeros seis años de la trama (Ruz señala que los imputados actuaron durante una década) y a operaciones en Castilla y León y la Comunidad de Madrid, además de Estepona (Málaga).
El magistrado recoge el prolijo informe de la Fiscalía Anticorrupción que relata las operaciones en Majadahonda, Pozuelo, Ayuntamiento de Madrid, comunidad de Castilla León y Estepona, "sin perjuicio de que algunas conductas se extendieron a años posteriores" o que se incluirán también en otras piezas posteriores y que el juez apunta: Boadilla, Arganda y Alcalá de Henares así como aquilatar algunos delitos fiscales y de blanqueo.
El magistrado detalla toda una operativa desarrollada en estos municipios por los 45 imputados para conseguir adjudicaciones ilícitas para sus empresas, mediante un entramado de sociedades por las que se canalizaban las dádivas, pagos de comisiones y pagos a proveedores a través de un sistema de facturación falsa. A través de sociedades creadas a lo largo de estos años se permitía la facturación irreal entre ellas, encubrían las comisiones cobradas por los imputados, se facilitaba la concesión irregular de contratos públicos, adjudicaciones de distintas obras y se ocultaba a las autoridades y a la Hacienda pública esos beneficios ilícitos.
Así mismo el juez ha investigado, a través de las 183 comisiones rogatorias todo un entramado de sociedades y cuentas ubicadas en el extranjero para conseguir la expatriación de los fondos ilícitos acumulados. Los 45 imputados son políticos del PP (y en algunos casos sus familias) empresarios y miembros de la trama. Entre otros, los presuntos responsables o colaboradores, Francisco Correa, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo e Isabel Jordán; los extesoreros del PP Ángel Sanchís (también su hijo) Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas; su esposa Rosalía Iglesias; exalcaldes como Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda; Alberto López Viejo (y su esposa) Jesús Merino, Ricardo Galeote, José Luis Peñas, Iván Yáñez, Luis de Miguel o Jacobo Gordon.
